El "baguazo" no comenzó con la protesta iniciada dos meses antes. Empezó a gestarse con el artículo de Alan García publicado en El Comercio en el 2007, denominado "El Síndrome el Perro del Hortelano". Desde esa casi declaración de guerra a los pueblos indígenas hasta los sucesos lamentables del 5 de junio del 2009, hay una responsable directa como la entonces ministra del interior, Mercedes Cabanillas; pero hay un principal responsable.
Los sucesos del "baguazo" que el 5 de junio de 2009 enlutó a las familias de 24 policías (uno de ellos, el mayor Felipe Bazán, desaparecido), y de 10 indígenas y mestizos caídos en la "Curva del Diablo" de la carretera Fernando Belaunde, tienen varios responsables políticos, pero un responsable principal.
La entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, es la responsable directa del "Baguazo" porque fue la ejecutora del desalojo, aunque lo haya negado muchas veces ante las cámaras y los micrófonos. La Fiscalía la ha exonerado, pero el tema no es definitivo.
Mercedes Aráoz, a la sazón titular de Comercio Exterior y Turismo, quien dijo que se afectaba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos si los decretos emitidos para concesionar la selva eran derogados como pedían los indígenas amazónicos, también ha sido sindicada; aunque no en el ámbito penal.
También fue incluido en la danza el entonces presidente del Consejo de Ministros y actual congresista, Yehude Simon, por estar a cargo de aquel gabinete. Aunque lo cierto es que llegó tarde a la función, porque ésta ya estaba planificada desde antes de asumir el premierato, en octubre del 2008, luego de la caída de Jorge del Castillo, el malhadado "Tío George", por el caso de los "Petroaudios".
El director de este teatro trágico fue Alan García. Su autoría intelectual queda demostrada con la publicación de un artículo suyo en el diario El Comercio, el 28 de octubre del 2007, denominado "El Síndrome del Perro del Hortelano".
El anuncio
En ese artículo publicado en “el decano de la prensa nacional”, García adelantaba cuál era su idea de desarrollo para el país y qué había que hacer para lograr ese desarrollo.
"Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción", decía García en su artículo.
Su objetivo principal asoma en el cuarto párrafo, cuando menciona que "el primer recurso es la Amazonía", y refiere que "tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante".
Agrega que en la Amazonía "se puede hacer forestación maderera especialmente en los ocho millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología».
No contento con anunciar su plan para la amazonía, se adelantó a mencionar a los que se opondrían a esta propuesta. De ellos manifestó que "dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por qué sí en la costa y en la sierra. Dicen también que dar propiedad de grandes lotes dará ganancia a grandes empresas, claro, pero también creará cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano".
El artículo que escribió García es extenso. Pero en líneas generales, da cuenta de tres ideas claves: inversión en áreas "vírgenes", la selva como objetivo, y la descalificación a quienes se opongan a este planteamiento, a los nativos. La guerra estaba declarada
Ejecución y marcha atrás
Por aquel entonces, el segundo gobierno de Alan García emitió una serie de decretos, en el marco del TLC con los Estados Unidos, con el objetivo de estimular la iniciativa privada, más allá de lo que se había hecho hasta entonces. El objetivo principal era la Amazonía; por ello sus detractores denominaron estos decretos como "La Ley de la Selva".
Entre esos decretos, hubo cuatro en especial (de los diez emitidos para la selva) que despertaron la alerta en las comunidades amazónicas y en sectores políticos y sociales defensores del medio ambiente y de la cosmovisión local los decretos 1015, 1064, 1073 y 1090. La misma Defensoría del Pueblo reclamó la inconstitucionalidad de estas normas.
Estas normas, según varios constitucionalistas y representantes de las comunidades, afectaban el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que fue ratificado por el Perú en 1994.
En agosto del 2008, las comunidades amazónicas de Bagua empezaron una protesta con bloqueo de carreteras, y demandaron la derogación de dichos decretos. La tensión social fue creciendo. La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso no le dio luz verde a los decretos 1015 y 1073, y el Pleno, presidido por Javier Velásquez, ratificó la decisión el 22 de agosto de ese mismo año.
Otro compromiso asumido fue iniciar una mesa de diálogo con los indígenas amazónicos para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ocurrió lo de los "Petroaudios" en octubre del 2008, y cayó todo el gabinete. Este hecho no debería haber modificado nada en cuanto a la “Ley de la Selva”, pero comenzó otra historia.
La crisis
Comenzado el año 2009 con la gestión de (Yehude Simon al frente del gabinete ministerial, los indígena amazónicos, encabezados por el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, denunciaron que el diálogo prometido por el gobierno nunca se efectuó.
En febrero, la aprista Mercedes Cabanillas asumía la cartera del Interior, sin ninguna experiencia en esta área, aunque con la clara misión de cumplir sin dudas ni murmuraciones las directrices políticas de García Esto, sumado a la presencia de Simon, quien no tenía fuerza propia para hacer respetar sus posiciones, dejó todo a disposición del gobernante.
En marzo de ese año, el Congreso formó una comisión para estudiar si los decretos que no habían sido derogados eran inconstitucionales. Pizango pide una respuesta inmediata. Al no haberla, en abril del 2009, los indígenas decidieron empezar una huelga indefinida, con toma dé carreteras incluida, ante lo que interpretaban como `una mecida del gobierno". '
Yehude Simon insistió en retomar el diálogo, pero a pesar de sus intenciones, ya no tenía credibilidad. El Poder Ejecutivo calculó que podría dominar la situación, y no intervino al principio.
En mayo el problema comenzó a agudizarse, pues varias vías estaban bloqueadas, lo que trajo como consecuencia el desabastecimiento. El Ejecutivo empezó a pensar en desalojar la vía, para permitir el libre tránsito. Pese a que en un inicio parecía impulsar el diálogo, el aprista Javier Velásquez Quesquén, presidente del Congreso, tuvo palabras descalificadoras para Pizango y quienes luchaban por sus derechos en Bagua.
A fines de este mes, el gobierno decidió intervenir. No es necesario remitirnos a algún documento oficial o testimonio alguno, que obran en poder de la Fiscalía. La misma fuente de todo es el mismo Alan García.
"Ya llegó el momento de abrir las carreteras y abrir los ríos y asumir las responsabilidades cada uno de los ministros, para eso se nos ha nombrado, para eso se nos ha elegido, no para lavarnos las manos y decir: para que no haya ningún herido miro para otro lado y mientras tanto nos quedamos sin gas y sin petróleo, ¿eso quieren?", expresó un día antes de intervención policial que desató la tragedia.
Y la famosa frase, que despertó sorpresa de muchos, fue esta:
“Ya está bueno, estas personas no tienen corona; 400 mil nativos no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quieren llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”
La guerra estaba declarada.
El estallido
El corolario se dio el 5 de junio del 2009, la policía procedió a desalojar a los ocupantes de la "Curva del Diablo". Comenzaron los disparos y los enfrentamientos. El saldo fue doloroso: 23 indígenas y 10 policías fallecidos, y un oficial desaparecido hasta el día de hoy.
Los hechos en la Curva del Diablo indignaron al país. En un intento desesperado por recuperar credibilidad, el gobierno de García difundió un spot que mostraba los golpes y las huellas de violencia en los cadáveres de la policía. Incluso intentaron responsabilizar a Pizango de los hechos.
Pizango pidió asilo político en Nicaragua, y le fue concedido. La entonces ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, quien había llegado con Simon al gabinete, renunció a su cargo en protesta por el manejo gubernamental del conflicto, y en especial por el vídeo difundido en la televisión.
Informe responsabilizó a ministros
Luego de los sucesos del “baguazo”, en septiembre del 2008, el Congreso nombró una comisión investigadora de los hechos presidida por el entonces parlamentario Guido Lombardi, de la bancada de Unidad Nacional. Como vicepresidente de este grupo de trabajo estaba el actual presidente del Congreso, Víctor Isla, y como secretario el aprista Elías Rodríguez.
Otros integrantes fueron Eduardo Espinoza (Unión por el Perú), Martha Moyano (fujimorista), Wilder Calderón (Apra) y Juan Perry (Alianza Nacional)
Luego de varios meses de investigación, fueron emitidos dos informes en junio del 2010: uno en mayoría, avalado por Rodríguez, Moyano, Calderón y Perry; y otro en minoría, por Lombardi, Isla y Espinoza.
Este último informe, de 284 páginas, concluía que el jefe de gabinete, Yehude Simon, junto a las ministras del Interior, Mercedes Cabanillas, y de Comercio, Mercedes Aráoz, tenían responsabilidad política en el "baguazo".
En el caso de Cabanillas, "su responsabilidad política deriva del incumplimiento de los deberes de garantía que tiene impuestos en una situación como la investigada", menciona una de las conclusiones.
Por el lado de Aráoz, el informe Lombardi indica que más allá de sus declaraciones sobre la afectación del TLC con los Estados Unidos su “responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someterlos decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos indígenas a la consulta previa que señalaba el Convenio 169 de la OIT”
Indicios razonables
También señala, en el caso de Simon, que si bien no tuvo nada que ver con la emisión de los decretos, se le sindica como responsable político “por mantener la infracción constitucional y no tener una actuación política que diera solución al reclamo de los pueblos indígenas.
Por ello, recomienda al Congreso derivar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales este informe, para iniciar investigación a Cabanillas, Aráoz y Simon y evaluar las sanciones correspondientes.
Otro detalle del informe es que "existen indicios razonables de la eventual comisión de delitos para favorecer la inversión minera, por parte de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas" y recomienda a la Fiscalía iniciar una investigación penal. También encontraba responsabilidad en el sucesor de Cabanillas como ministro del Interior, el actual parlamentario fujimorista Octavio Salazar, por no haber brindado la información que obraba en su despacho con respecto a los sucesos anteriores, durante y posteriores al "baguazo".
Extrañamente, desde finales de la gestión de García, el informe en minoría de Lombardi desapareció de la web del Congreso. Felizmente, algún experto en tecnología lo rescató a tiempo y está circulando en las redes sociales, por si alguien en el Congreso se decide y retorna el caso.
*Tomado de Jornal de Arequipa.
|
